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Vicentin: la realidad de los productores mas allá de la política

Comenzó la intervención de Vicentin. Mientras hay entidades rurales que analizan la situación, desde la mirada política, legislativa y judicial siguen las discusiones.

Vicentin, bajo la mirada del Estado a raíz de su deuda con el Banco Nación

Vicentin SAIC es una empresa argentina, familiar, del interior del país, nacida hace 90 años a más de 800 kilómetros de la Capital Federal, en el norte de Santa Fe, en la localidad de Avellaneda. Sus más de cien accionistas son miembros de la familia, en muchos casos tercera generación, descendientes de los fundadores Pedro, Roberto, Máximo y Ceferino Vicentin que comenzaron con un almacén de ramos generales en 1929.

Con esa mirada épica comienza un comunicado, que la empresa que es noticia desde hace una semana difundió en las últimas horas, aunque quizá el punto mas interesante de esa solicitada sea lo vinculado a “la decisión del gobierno argentino que entendemos injusta, arbitraria e ilegal” y al “derecho a resolver la situación financiera en el marco que la ley prevé para dicho fin que es en el ámbito concursal”.

Este es uno de los últimos capítulos de una historia que ya tiene a varios protagonistas: por un lado el juez Fabián Silvano Lorenzini, que desde Reconquista tiene la responsabilidad de resolver el futuro del Grupo Vincentin; Gabriel Delgado, ex funcionario de la cartera agrícola y recientemente designado interventor a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández; luego aparecen varios políticos, funcionarios, dirigentes y observadores de la política, pero esta historia tiene también a miles de actores secundarios, que quizá como ocurre en algunas películas se transformen en personajes determinantes: ellos son los productores.

Si bien es cierto que entre los más de 2.600 acreedores hay agricultores, acopiadores, corredores, bancos, empresas agroindustriales y organismos del estado, la mayor cantidad de damnificados son productores rurales y totalizan 1.895 empresas, en su mayoría de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Chaco. Ellos entregaron sus granos y nunca cobraron.

En diálogo , Esteban Motta, productor agropecuario y ex director de la Federación Agraria Argentina aseguró que “hay productores y acopios que en pocos días van a entrar en una tremenda crisis”. La explicación es muy simple, pero pasó inadvertida entre tanta discusión política, presiones, cuestiones jurídicas y económicas.

Los productores, cooperativas y acopios entregaron sus granos a Vicentin pero todavía no resolvieron la venta de los mismos. Habitualmente el productor entrega los granos a un acopio o cooperativa y si bien se lleva un certificado de depósito ya no tiene control de sus granos y tampoco los cobró.

Vicentin y muchas empresas del rubro utilizan esos granos, los procesan y generan dinero que nunca ingresa en un marco regulatorio: no por habitual se transforma en un mecanismo “saludable”. Si eso lo ponemos en un contexto de negocios poco claros, cambio de gobierno, inestabilidad económica y nuevas reglas de juego, el resultado es este presente.

Esta situación que aún no tiene desenlace podría generar un terremoto que tendrá réplicas en cientos de localidades del interior productivo. Según Motta, habría más de 600 pueblos afectados y en ellos el golpe económico sería contundente por un efecto dominó de deudas contraídas.

Ante esta realidad mas allá de la “épica” solicitada y de los apoyos recibidos en los pueblos de Avellaneda y Reconquista, cuesta entender que esos mismos vecinos sólo hablen de la intervención o posible expropiación y poco o nada del por qué se llegó a este punto o lo que puede pasar en el corto plazo.

En este sentido, Fernando Rivara, que preside la Federación de Acopiadores, aseguró que “si bien da la sensación de que es una empresa familiar, de muy buena gente y que hay quienes la quieren manotear, la realidad es que Vicentin ha estafado a cientos y cientos de personas, productores y acopiadores y nos ha dejado en una situación muy difícil”.

“Ahora uno ve a una señora de apellido Vicentin parada arriba de una camioneta, llorando y diciendo que ellos son buenos. No señora, los buenos son los que confiaron en Vicentin y fueron robados y estafados, esos son los buenos”, declaró Rivara este fin de semana en Palabra de Campo, .

El sector agropecuario en su mayoría se muestra atento a la intervención y cuestiona la posible expropiación de Vicentin. La deuda privada que la empresa tiene es enorme y muchos proponen buscar el menor costo posible para todos los Argentinos para que no se genere más déficit. Se critican las formas, los métodos, pero también las entidades se animan a las propuestas, como la de Coninagro que no apoya la expropiación pero en la voz de su titular, Carlos Iannizzotto, sugiere que “el asociativismo y las cooperativas pueden ser una gran herramienta para poner en marcha parte de la empresa, para que de ese modo vuelva la productividad en uno de los pocos sectores que tienen muchísima viabilidad”.

La preocupación a partir de ahora debería estar centrada en el futuro de la empresa y en la forma en la que se recupera la confianza, algo que en el sector agropecuario es fundamental.

Existe un reclamo hacia la justicia que quizá debió intervenir la empresa hace mucho, ya que desde el 4 de diciembre -momento en que comenzó el stress financiero- la siguieron manejando las mismas personas que la llevaron a la debacle. Confianza necesitan también los miles de productores que son acreedores menores y que temen quedar al costado de una negociación en la que ganen los más fuertes, los que más espalda tienen, que no son justamente los que una vez más tienen que pensar en cómo hacer para financiarse ante una nueva campaña agrícola.

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